Pueden ejercitarse acumuladamente la acción de reclamación de rentas debidas por el arrendatario y la de desahucio por falta de pago.

El desahucio se tramita como un juicio verbal especial.

La demanda ha de presentarse por medio de abogado y procurador.

Una vez admitida la demanda, se haya acumulado o no la petición de condena al pago de rentas, el Secretario Judicial, en virtud de decreto, requerirá al demandado para que en un plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague las rentas o enerve el desahucio, es decir pague o consigne judicial o notarialmente las deudas debidas, o bien, comparezca ante el juzgado manifestando las causas por las que se opone al desahucio.

Ese decreto señalará ya la eventual vista verbal y la fecha del lanzamiento. Apercibirá también al demandado de que, en caso de no manifestar oposición, se entenderá resuelto el contrato de arrendamiento.

Si el arrendatario demandado no paga, enerva o formula oposición, se realizará el lanzamiento sin necesidad de notificación posterior.

Existe la opción de condonación de rentas y costas por el demandante, si así lo ha anunciado en la demanda, a cambio del inmediato desalojo de la vivienda.

Si existe oposición del demandado: se celebrará la vista de juicio verbal notificada en el decreto de admisión de la demanda.

Pero podemos encontrarnos con que el arrendatario no se oponga, no pague y no desaloje el inmueble: en ese supuesto, se dictará decreto de terminación del juicio de desahucio, se verifica el lanzamiento en la fecha fijada y se dará traslado al demandante a fin de que presente demanda ejecutiva para reclamar las cantidades debidas.

Si el demandado no se opone, no paga, pero procede a desalojar el inmueble: se despacha ejecución por las cantidades debidas en concepto de renta, igual que en el supuesto anterior, previo decreto dando por terminado el juicio de desahucio.

En ambos casos, el decreto de terminación condenará en costas al demandado y  recogerá las cantidades debidas en concepto de rentas y cantidades asimiladas a ésta que serán objeto de la demanda ejecutiva posterior.

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